La sombra tras el colapso: La trama de préstamos vinculados y debilidad regulatoria en la caída de Ueno Bank

Lo que comenzó a inicios de noviembre con interrupciones operativas en las plataformas digitales de Ueno Bank en Paraguay desencadenó una profunda revisión sobre la estabilidad del sistema bancario local. El Banco Central del Paraguay (BCP) decretó la resolución de la entidad tras constatar un índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo legalmente exigido (10%), congelando transitoriamente el acceso a depósitos de más de 1,2 millones de usuarios y derivando en actuaciones judiciales ante la presunta existencia de irregularidades patrimoniales.

Detrás de las fallas operativas inmediatas, los dictámenes preliminares del regulador y las líneas de investigación abiertas apuntan a un esquema de descalce de liquidez, falencias en la constitución de encajes y una elevada concentración de riesgos mediante operaciones financieras cruzadas con empresas pertenecientes al mismo grupo económico.

La paradoja del crecimiento y la vulnerabilidad patrimonial

Con una veloz expansión entre 2021 y 2024, Ueno Bank pasó de operar como entidad financiera a posicionarse como uno de los principales actores del ecosistema de bancarización digital en Paraguay. Impulsada por una agresiva estrategia de captación de clientes e integración con servicios de pago de uso cotidiano, la institución acumuló más de un millón de cuentas activas.

No obstante, las inspecciones técnicas de la Superintendencia de Bancos revelaron que el crecimiento cuantitativo en la masa de depósitos no estuvo respaldado por la constitución proporcional de capital de alta calidad. De acuerdo con los informes remitidos por el BCP al Ministerio Público (Causa N° 4512/2024 sobre investigación patrimonial), el deterioro del patrimonio neto se aceleró debido a un descalce sistemático entre los activos líquidos exigibles y las obligaciones pasivas de corto plazo.

Red de créditos vinculados y manejo de fondos públicos

Las diligencias penales a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público se concentran en evaluar la presunta comisión de delitos de lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de insolvencia:

• Otorgamiento de créditos a partes relacionadas: La investigación fiscal analiza la concesión de líneas de financiamiento a favor de firmas satélite u organizaciones corporativas vinculadas a los accionistas y directivos de la entidad, expedidas sin la constitución de colaterales o garantías reales acorde a los límites prudenciales de la Ley N° 861/96 General de Bancos.

• Compromiso de liquidez y encaje legal: Las verificaciones in situ detectaron inconsistencias recurrentes en la integración de las posiciones de encaje legal en moneda nacional y extranjera en la cuenta corriente del BCP, tensionando la estructura de liquidez inmediata del banco.

• Custodia de depósitos del sector público: La entidad albergaba depósitos institucionales del Estado, incluyendo fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). La concentración de recursos vinculados al sistema de previsión social y salud aceleró la intervención del órgano de control ante el riesgo de contagio al resto del sistema bancario.

Derivaciones institucionales y actuaciones judiciales

El proceso de resolución bancaria derivó en citaciones judiciales y pedidos de informes en el ámbito parlamentario:

1. Revisión en la autoridad monetaria: La Fiscalía requirió los expedientes de fiscalización del Banco Central del Paraguay correspondientes al periodo 2022-2024 para evaluar posibles omisiones en los deberes de supervisión. En ese marco, se solicitó la declaración testifical de exautoridades del regulador que ejercieron funciones en la entidad financiera con anterioridad a su incorporación al servicio público.

2. Requerimientos al Poder Ejecutivo: Sectores de la oposición en el Congreso Nacional presentaron pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo sobre la evolución de los activos y participaciones patrimoniales que autoridades nacionales declararon en sus manifestaciones de bienes en relación con el grupo propietario de la entidad.

3. Medidas cautelares: El Juzgado Penal de Garantías ordenó la inhibición general de vender y gravar bienes, junto con el embargo preventivo de las cuentas de los principales accionistas y miembros del directorio involucrados en las denuncias presentadas por el BCP.

Activación del Fondo de Garantía de Depósitos e impacto operativo

Para mitigar el impacto sobre los ahorristas, el Banco Central del Paraguay ejecutó la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La normativa vigente prevé una restitución directa de hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica (aproximadamente 228 millones de guaraníes, equivalentes a entre US$ 28.500 y US$ 30.000 según el tipo de cambio oficial).

Según los informes oficiales del proceso de resolución:

• Cobertura total: El mecanismo del FGD permite saldar la totalidad de las acreencias del 97% de las cuentas individuales registradas en la entidad.

• Saldos remanentes: El 3% restante de los depositantes, cuyos saldos superan el techo legal de cobertura, debe concurrir al proceso de verificación de créditos en la etapa de liquidación de la masa de activos.

• Impacto en servicios tecnológicos: El cese de operaciones afectó la contratación de servicios de soporte informático provistos por la firma Kaitel SRL en Buenos Aires, abriendo un litigio comercial y laboral por la interrupción de las transferencias para el pago de servicios de desarrollo de software.

Análisis comparativo: Los riesgos en la transición Neobanca-Fintech y el marco del BCRA

El colapso de Ueno Bank expone una dinámica crítica en los mercados financieros latinoamericanos: la vulnerabilidad de las entidades de crédito minorista integradas a grupos corporativos o comerciales y de las neobancas/fintechs en proceso de conversión a licencias bancarias plenas.

Esta tipología de entidades comparte patrones operativos muy concretos:

1. Captación masiva y ágil: Utilizan una capa tecnológica (onboarding 100% digital) para acelerar la apertura de cuentas de pago y depósitos a la vista sin la pesada infraestructura física de la banca tradicional.

2. Financiamiento al ecosistema propio: Nacen a menudo bajo el cobijo de conglomerados del retail, plataformas de comercio electrónico o grupos financieros cerrados, tendiendo naturalmente a canalizar parte de su capacidad crediticia hacia la compra de cartera, el financiamiento de consumo dentro de la propia plataforma o la asistencia a sociedades vinculadas.

El frente de riesgo ante la regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

En Argentina, el tránsito que realizan las Proveedoras de Servicios de Pago (PSP) o fintechs de billeteras virtuales hacia la obtención de una licencia de Compañía Financiera o Banco Comercial impone un riguroso examen de supervisión por parte del BCRA, donde emergen riesgos concretos:

• Separación estricta de fondos vs. intermediación: Mientras operan como fintech (PSP), la normativa del BCRA exige que el 100% de los fondos de los clientes esté encajado y depositado en cuentas a la vista en bancos comerciales, impidiendo la intermediación financiera. Sin embargo, al dar el salto a la licencia bancaria plena para utilizar los depósitos del público en el otorgamiento de préstamos, surge el riesgo de originación crediticia agresiva para sostener la rentabilidad del holding.

• Límites estrictos a la asistencia a partes vinculadas: La normativa de Fraccionamiento del Riesgo de Crédito del BCRA (Comunicación "A" 3129 y complementarias) establece barreras que diferencian sustancialmente el régimen argentino de esquemas más laxos. El BCRA fija topes de asistencia financiera a partes relacionadas de entre el 5% y el 12,5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC). Si una neobanca en transición destina un volumen superior a financiar a su empresa matriz o a firmas del grupo, incurre de inmediato en una infracción grave objeto de cargos de capital y sanciones operativas.

• Control de encajes y capitales mínimos: A diferencia de modelos regionales donde la expansión del activo puede superar temporalmente la capacidad de absorción de pérdidas, la regulación prudencial del BCRA exige la constitución previa de capitales mínimos y posiciones rigurosas de encaje legal en el Banco Central. El principal riesgo de gestión en entidades tecnológicas locales que buscan ser bancos radica en la brecha de liquidez (mismatching de plazos): captar depósitos transaccionales de corto plazo e inmovilizarlos en créditos al consumo a mayor plazo, una vulnerabilidad que exige monitoreos continuos sobre la estructura de liquidez.