En un informe publicado por la empresa, los analistas destacaron cómo los seguros contra riesgos de guerra se han limitado predominantemente a los cascos marítimos y de aviación, aunque hay clases que pueden considerarse adyacentes, como el riesgo político, la violencia política y el terrorismo.
Al mismo tiempo, se ha ordenado a los suscriptores cibernéticos dentro del mercado de Lloyd's que no suscriban ciberataques respaldados por el Estado. Si bien esto no es una prohibición absoluta, se requiere la participación y el compromiso con Lloyd's para que dichos riesgos se suscriban, señaló la firma.
Los analistas explicaron que hay varias maneras diferentes de abordar esta área, siendo una opción desarrollar una simple recompra de políticas que de otro modo excluirían la guerra.
Otra opción que destacaron es adoptar un disparador paramétrico, basado, por ejemplo, en la interrupción de la infraestructura nacional crítica.
Si echamos la vista atrás, 2023 fue testigo de una mayor inestabilidad ideológica y nacional, que dio lugar a diversos actos violentos. Como resultado, a menudo resulta difícil identificar la clasificación adecuada de tales actos, explicaron los analistas.
El bufete de abogados señaló que esto es particularmente relevante para las reaseguradoras que pueden excluir las pérdidas por terrorismo pero no las de guerra.
Un factor importante a recordar es que las designaciones de violencia política bajo un contrato de seguro local pueden no ser las mismas bajo el contrato de reaseguro correspondiente y los contratos pueden incluir lenguaje de agregación para actos de terrorismo pero no para actos de guerra.
DAC Beachcroft explicó que debido a esto, es probable que veamos una mayor actividad de disputas de reaseguros en torno a la diferenciación entre terrorismo y un acto de guerra.
En el futuro, el bufete de abogados también aborda el tema de si hay margen para activadores paramétricos en el ciberreaseguro.
Los analistas predicen que un índice de pérdidas cibernéticas solo es viable con cooperación transfronteriza y obligaciones de presentación de informes impuestas por el gobierno; sin embargo, sería necesario haber un amplio acuerdo en que los datos deben enviarse a una sola entidad, señalaron.
