Gobiernos locales vuelven al Mercado de Capitales para financiar obra pública
El 2025 será el año donde comunas y municipios podrán optar por alternativas para financiar obras de infraestructura sin afectar los recursos corrientes.
La ampliación del capital privado es crucial para financiar proyectos vitales de infraestructura con bajas emisiones de carbono.
Finanzas sostenibles10 de octubre de 2022 RNEl financiamiento climático privado debe desempeñar un papel fundamental a medida que los mercados emergentes y las economías en desarrollo buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contener el cambio climático mientras se enfrentan a sus efectos.
Las estimaciones varían, pero estas economías deben invertir colectivamente al menos $ 1 billón en infraestructura energética para 2030 y $ 3 billones a $ 6 billones en todos los sectores por año para 2050 para mitigar el cambio climático al reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se necesitan otros $140 mil millones a $300 mil millones al año para 2030 para adaptarse a las consecuencias físicas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la intensificación de las sequías. Esto podría aumentar drásticamente a entre $ 520 mil millones y $ 1,75 billones anuales después de 2050, dependiendo de cuán efectivas hayan sido las medidas de mitigación climática.
Impulsar rápidamente el financiamiento climático privado es esencial, a través de soluciones clave que incluyan la tarificación adecuada de los riesgos climáticos, instrumentos de financiamiento innovador, la ampliación de la base de inversores, la ampliación de la participación de los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo, y el fortalecimiento de la información climática.
De manera alentadora, las finanzas sostenibles privadas en las economías de mercados emergentes y en desarrollo aumentaron a un récord de $ 250 mil millones el año pasado. Pero la financiación privada debe al menos duplicarse para 2030, en un momento en que los proyectos de infraestructura con bajas emisiones de carbono en los que se puede invertir suelen ser escasos y la financiación de la industria de los combustibles fósiles se ha disparado desde el Acuerdo de París.
La falta de precios efectivos del carbono reduce el incentivo y la capacidad de los inversores para canalizar más fondos hacia proyectos beneficiosos para el clima, al igual que una arquitectura de información climática irregular con datos climáticos incompletos, estándares de divulgación, taxonomías y otros enfoques de alineación.
Tampoco está claro si los flujos de inversión ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) muy grandes y de rápido crecimiento podrían tener un impacto real en la ampliación de la financiación climática privada. Además de los beneficios climáticos aún inciertos de la inversión ESG, tales puntajes para las empresas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo son sistemáticamente más bajos que los de sus contrapartes avanzadas. Como resultado, los fondos de inversión centrados en ESG asignan mucho menos a los activos de los mercados emergentes. Además, los inversores suelen considerar que los riesgos asociados con la inversión en activos de mercados emergentes y economías en desarrollo son demasiado altos.
Los instrumentos de financiación innovadores pueden ayudar a superar algunos de estos desafíos, además de ampliar la base de inversores para incluir bancos globales, fondos de inversión, inversores institucionales como compañías de seguros, inversores de impacto, capital filantrópico y otros.
No obstante, países como Argentina, deberán recurrir a los bancos multilaterales de crédito, donde estos jugarán un papel clave en el financiamiento de proyectos vitales de infraestructura baja en carbono. Se deben canalizar más recursos de financiamiento climático a través de tales instituciones.
Finalmente, es esencial que las economías emergentes, tal es el caso de la Argentina, deban enfocarse previamente en reestructurar su déficit fiscal, acotando lo subsidios superfluos que no inciden en el bienestar real de la población, y redireccionarlos a obras de infraestructura crítica que son vitales para combatir el cambio climático, y que a su vez generan empleo genuino, fortaleciendo valores como la cultura del trabajo.
A medida que se vaya direccionando el gasto generado por los subsidios, factiblemente la emisión monetaria comience a reducirse, logrando una reducción progresiva de la inflación, y dicha situación permitirá trazar un sendero de previsibilidad para los futuros inversores privados.
El 2025 será el año donde comunas y municipios podrán optar por alternativas para financiar obras de infraestructura sin afectar los recursos corrientes.
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