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La escalada de eventos climáticos extremos y la ferocidad de los incendios forestales recientes no solo han dejado una cicatriz en nuestros ecosistemas, sino que están abriendo una brecha peligrosa en las arcas del Estado. La ecuación es simple y devastadora: cuando el territorio arde o se inunda, la actividad productiva se paraliza, las cadenas de suministro se rompen y, en consecuencia, la recaudación fiscal se desploma.
Mientras los Gobiernos Locales ven caer sus ingresos tributarios, se ven obligados a aumentar el gasto de emergencia para combatir el fuego y asistir a los damnificados. Es una tormenta perfecta que amenaza la viabilidad financiera de municipios y provincias. Sin embargo, en medio de esta crisis, surge una propuesta transformadora que podría cambiar el paradigma de la inversión pública.
Infraestructura por Impuestos: Un Nuevo Modelo
La propuesta que gana fuerza en los círculos económicos plantea un mecanismo audaz: permitir que las empresas deduzcan impuestos a cambio de la ejecución directa de obras de infraestructura crítica.
En lugar de tributar a una caja general, el sector privado podría financiar y ejecutar proyectos que beneficien directamente a la comunidad donde operan, como cortafuegos perimetrales, reservorios de agua, mejora de accesos para emergencias o soterramiento de líneas eléctricas.
Los Consejos Consultivos como Eje de la Gestión
Para que este mecanismo sea transparente y eficaz, es fundamental la creación de los Consejos Consultivos Empresariales de Gestión Integral de Riesgos. Estos organismos mixtos, integrados por representantes de los Gobiernos Locales y líderes del sector privado, tendrían la misión de:
De esta forma, la inversión se dirige quirúrgicamente a donde más se necesita, protegiendo tanto los activos de las empresas como el bienestar de la población civil.
El Rol de las Aseguradoras: El Círculo Virtuoso
La estrategia cierra su círculo virtuoso al incorporar a un tercer actor clave: las compañías de seguros. Al materializarse estas obras de mitigación, el riesgo real de desastre disminuye.
Lo que se plantea es que los Gobiernos Locales y empresas deberían articular acciones concretas con las aseguradoras para que la reducción del riesgo se traduzca en una disminución de las primas de seguros. Una infraestructura más resiliente significa menos siniestros, lo que debería bonificar los costos operativos de las empresas que invierten en seguridad.
Frente a un clima cada vez más hostil, la respuesta no puede ser solo la reacción ante la catástrofe. La clave está en la prevención financiada inteligentemente, donde el sector público y el privado dejen de ser compartimentos estancos y pasen a ser socios estratégicos en la defensa del territorio y la economía.
