El Gobierno actualiza normas históricas y libera restricciones para impulsar la producción

El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de mejorar la eficiencia regulatoria, adecuar controles a la realidad actual y quitar trabas innecesarias a los productores de la cadena agroalimentaria.

A través de la Resolución 62/2026, el SENASA derogó dos capítulos del histórico Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal. La medida apunta a actualizar una normativa vigente desde 1968, que había quedado obsoleta frente a los avances tecnológicos, las nuevas modalidades productivas y el uso generalizado de plataformas digitales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger destacó la medida y explicó: “ Nuestra ganadería está viviendo un tiempo excepcional pero está regida por una norma de la época de Onganía. Imagínense lo actualizada que puede estar. Estamos empezando una depuración de esta norma para liberar restricciones primordialmente y para también adecuarla a los tiempos que corren. Es momento de redoblar la apuesta a la libertad”.

“La Resolución 62/26 arranca el proceso derogando los Capítulos XXIX y XXXIII del Decreto Nº 4238/68. Son los capítulos “Del asesoramiento”, y “De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar”. Estas derogaciones requieren de seguir avanzando en una adecuación integral de la norma buscando que sea sustancialmente más liviana”, agregó.

La decisión mejora la eficiencia regulatoria y reduce cargas innecesarias para los actores de la cadena agroalimentaria. La eliminación del capítulo referido al “asesoramiento”, pensado para una lógica de difusión en papel hoy superada, permite ordenar el marco normativo y concentrar los esfuerzos en herramientas modernas, dinámicas y accesibles, acordes a una gestión pública más ágil y transparente.

En el mismo sentido, la derogación del capítulo específico sobre productos de la agricultura familiar busca adecuar la regulación a la diversidad y particularidades de ese sector. Esta revisión abre el camino a esquemas más específicos, claros y adaptados, que faciliten la producción y la comercialización sin perder de vista la inocuidad alimentaria.

Para el sector productivo, el beneficio es concreto: reglas más claras, menos superposición normativa y un marco sanitario moderno que acompaña el desarrollo tecnológico, fortalece la competitividad y sostiene la calidad de los alimentos argentinos en el mercado interno y externo.