El Gobierno Argentino convocó a licitación para la operación privada de las represas del Comahue

En el marco del proceso de privatizaciones encarado por el Gobierno Nacional, la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía de la Nación inició el procedimiento de privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la región del Comahue.

El proceso fue consensuado en estrecha colaboración con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro; los pliegos de condiciones y los nuevos contratos de concesión incorporan una serie de modificaciones solicitadas por las provincias que atienden demandas históricas sobre la operación de los últimos 30 años.

Esta medida forma parte de la segunda etapa del proceso de privatización de ENARSA, establecido por el Decreto 286/2025, que contempla la venta por etapas de sus activos con el objetivo de promover un esquema energético más eficiente, competitivo y con mayor participación del sector privado.

La convocatoria será publicada en el portal del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial. El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto 416/2025, y tendrá como fecha límite para su finalización el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, a coordinar todas las acciones del proceso y a encargar la tasación de las acciones a una entidad bancaria del sector público.
Los nuevos concesionarios tendrán la posibilidad de disponer libremente de un porcentaje creciente de la energía generada en las centrales, contratando en el mercado a término o en el mercado spot, en línea con los lineamientos de normalización que la Secretaría de Energía de la Nación.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sector energético, priorizando la inversión privada, la transparencia en los procesos licitatorios y la eficiencia en la gestión de los recursos estratégicos del país.