Los costos de los incendios forestales están aumentando en Argentina, y la creciente exposición derivada del crecimiento poblacional en zonas de alto riesgo contribuye significativamente. El número de personas que viven en la interfaz urbano-forestal (IUF), el área donde las tierras urbanizadas se encuentran con los bosques y otras tierras naturales, prácticamente se duplicó entre 2000 y 2024 y creció un 120 % en las zonas con mayor riesgo de incendios forestales. Si bien el crecimiento de la IUF parece haberse desacelerado en los últimos años, se estima que el 7 % de los hogares argentinos en el interior se encuentran en la IUF.
Reducir la exposición a los riesgos de incendios forestales es fundamental para contener sus costos, pero la exposición es posiblemente el aspecto más complejo del problema. Múltiples factores afectan el lugar donde las personas eligen vivir, y desentrañarlos de forma que proporcionen orientación para las políticas es difícil. Además, los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en la gestión del uso del suelo, pero a menudo se muestran reacios a utilizar las herramientas a su disposición —en concreto, los códigos de zonificación— para restringir el desarrollo o cambiar los patrones de desarrollo por diversas razones. En primer lugar, dependen en gran medida de los ingresos del impuesto predial para financiar los servicios públicos y les preocupa el estancamiento o la disminución de los ingresos si se restringe el desarrollo. En segundo lugar, les preocupa la exposición a demandas judiciales por las restricciones al desarrollo. En tercer lugar, la crisis de asequibilidad de la vivienda ha llevado a muchas comunidades a buscar maneras de aumentar la oferta de viviendas como sea posible. Por último, incluso cuando estos problemas se pueden superar, es difícil para las comunidades saber cuándo sus normas de uso del suelo están logrando el equilibrio adecuado entre la gestión de riesgos y otros aspectos importantes de la calidad de vida.
Por tal motivo, el Programa City Risk-70 ofrece asesoramiento a Gobiernos Locales con el fin de desarollar Planes de Manejo de Desastres(PMD). Los PMD abordan los peligros de forma amplia e incluyen estrategias para mitigar los daños, que pueden incluir medidas estructurales (p. ej., barreras contra inundaciones), mejoras de infraestructura, gestión de recursos naturales, campañas de concienciación pública o medidas regulatorias (p. ej., cambios en las leyes de zonificación).
Por su parte, Peter Sundheimer, titular del Programa, expresó la necesidad de avanzar en un proceso de articulación público privado que garantice el diseño de políticas públicas y priorización de proyectos de infraestructura crítica a través de la conformación de los Consejos Consultivos Empresariales de Gestión Integral de Riesgos.
