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En un escenario global marcado por la crisis climática, las ciudades argentinas enfrentan el desafío de integrar la gestión del riesgo en su planificación estructural para salvaguardar la vida, los activos y la estabilidad económica. El marco metodológico del Banco Mundial destaca que la resiliencia urbana no es un objetivo estático, sino un proceso dinámico que requiere la transformación de la urbanización —a menudo un motor de riesgo— en un catalizador de capacidad adaptativa. Para lograr ciudades habitables, es imperativo transitar desde enfoques reactivos hacia estrategias proactivas que utilicen información técnica precisa para condicionar el desarrollo urbano y proteger la continuidad de los servicios esenciales.
Dentro de esta transición hacia modelos preventivos, destaca el programa de articulación público-privada City Risk-70, un ecosistema de colaboración diseñado para fortalecer la infraestructura de seguridad de los gobiernos locales en Argentina y la región. En este marco de cooperación, la firma Clurb opera como el brazo ejecutor y tecnológico, proporcionando las herramientas de análisis y monitoreo necesarias para operativizar la resiliencia en el territorio. Esta alianza permite que los municipios accedan a capacidades técnicas avanzadas, como el modelado de amenazas hidrometeorológicas y geofísicas, sin depender exclusivamente de los limitados presupuestos fiscales, distribuyendo los costos y beneficios de la transformación urbana de manera equitativa entre el Estado y el sector privado.
La intervención de Clurb dentro de City Risk-70 se alinea con los principios de gobernanza participativa y responsabilidad compartida que promueven los organismos internacionales. Al integrar sistemas de alerta temprana y mapas de riesgo dinámicos, la firma facilita que las autoridades locales implementen medidas de restricción, condicionamiento y promoción del suelo basadas en datos científicos rigurosos. Este enfoque es particularmente relevante en el Cono Sur, donde la consolidación de entornos urbanos resilientes depende de la capacidad de atraer inversiones que, al estar protegidas por protocolos de seguridad inteligentes, garantizan un crecimiento económico sostenible y una mayor cohesión social frente a las incertidumbres del cambio climático.
