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Cambio Climático17 de noviembre de 2022 RNEl director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, explicó, en entrevista con la W Radio, las diferentes etapas de la atención a emergencias y de la estrategia de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) que se está implementando en los diferentes territorios del país en el marco del Plan de Acción Específico (PAE) establecido para enfrentar la situación de desastre nacional que fue decretada el primero de noviembre por el Gobierno, como consecuencia de la temporada de lluvias, y en el que se han ejecutado cerca de 8 mil millones de pesos.​
El director de la UNGRD manifestó que las emergencias, daños y pérdidas causadas por esta temporada de lluvias en el país superan las de los años 2010 y 2011, la cual también estuvo influenciada por el fenómeno de La Niña. El funcionario hizo énfasis en que, hasta la fecha, este periodo de lluvias deja 266 personas muertas, muchas de estas víctimas fatales son niñas y niños.
“Efectivamente no hemos tomado en serio el tema del reasentamiento de viviendas que están en zonas de alto riesgo, ubicadas dentro de las quebradas y que muchas veces la gente las conoce como quebradas secas o intermitentes, por lo tanto, terminan ocupándolas debido a la necesidad de vivienda. Es una situación muy complicada porque en la temporada de lluvias es ahí donde se presentan las crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos; esos eventos son muy peligrosos porque arrasan con la casa y con las vidas humanas”, señaló en entrevista con la W Radio el director general de la UNGRD, Javier Pava Sánchez.
De igual forma, el funcionario manifestó que desde la declaratoria de desastre nacional emitida el primero de noviembre por el presidente Gustavo Petro, se recogieron recursos no ejecutados de diferentes ministerios que en total suman 2.1 billones de pesos. Dicho dinero se destinó al Plan de Acción Específico que contempla tres líneas de acción o estrategias: la atención inmediata (Asistencia Humanitaria de Emergencia), la Recuperación Temprana y la recuperación de largo plazo (Recuperación para el Buen Vivir).
Actualmente, la UNGRD se encuentra implementando la primera fase de Asistencia Humanitaria de Emergencia relacionada a los servicios de respuesta, salud y educación, para garantizar el restablecimiento de los derechos de las comunidades afectadas.
Como segunda medida de esta primera fase se están destinando recursos y adelantando acciones para priorizar, principalmente, la comida o alimentación de las familias, ya que existe un impacto muy grande de afectación en este tema. En tercer lugar, el funcionario manifestó la importancia de reactivar los recursos productivos de las comunidades afectadas para apoyar la producción de los alimentos. Y en el cuarto y último puesto, Pava Sánchez resaltó la atención de la emergencia vial.
“En el marco de la declaratoria de desastre nacional hemos ejecutado hasta el momento cerca de 8 mil millones de pesos en lo relacionado a la comida para las comunidades afectadas, que es para lo que se han destinado estos recursos de manera inmediata. Estamos también girando otro dinero para atender a las madres cabezas de hogar y temas asociados a los trabajos con maquinaria, en articulación con las fuerzas militares, para apoyar lo que tiene que ver con la remoción de escombros”, agregó el funcionario.
Por otra parte, Javier Pava Sánchez resaltó la importancia de levantar los mapas de riesgos para la evacuación preventiva antes de que ocurra la tragedia, señalando que actualmente no existen este tipo de herramientas que ayudan a definir las zonas de alto riesgo para evitar la pérdida de vidas.
Finalmente, el director general de la UNGRD manifestó que, debido a las emergencias, algunas familias tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas y trasladadas a alojamientos temporales o, en los casos que corresponde, se les ha brindado un subsidio de arrendamiento para que puedan vivir en un lugar seguro. Sin embargo, aclara que la solución que propone el Gobierno Nacional es pasar de la reubicación temporal a una definitiva, basada no solo en la forma tradicional de construcción y reposición de viviendas, sino también en la entrega de tierras o de retorno a las zonas campesinas donde las familias puedan desarrollar proyectos productivos para mejorar sus medios de vida.
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