RNA través de la Resolución N° 437/2026, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) oficializó la eliminación del punto 1 del apartado A.2.3. del Anexo del punto 23.2., inciso a) del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA). La intervención sobre este apéndice técnico responde a un reclamo histórico del mercado asegurador respecto de las distorsiones operativas que generaba la sobreexigencia normativa en los esquemas de cobertura de salud bajo modalidad prestacional. Con esta derogación, el organismo de control busca homogeneizar los criterios de fiscalización, brindar previsibilidad en la suscripción de pólizas y garantizar la simetría entre el marco legal vigente y las obligaciones exigibles a las entidades operadoras.
La disposición eliminada establecía condiciones de administración asistencial que rigidizaban el funcionamiento de las redes prestacionales asociadas a los seguros de salud. Al imponer requisitos formales desalineados con los mecanismos modernos de auditoría médica y contratación institucional, la norma derivaba en colisiones reglamentarias que entorpecían la tramitación regular de los siniestros. Esta fricción administrativa obligaba a las compañías a mantener estructuras paralelas de control para evitar sanciones sumariales, incrementando el costo operativo sin aportar un beneficio directo a la tutela del asegurado.
Al suprimir el punto en cuestión, la SSN unifica la doctrina de fiscalización y obliga a las aseguradoras a revisar sus reglamentos internos y contratos vigentes para asegurar una estricta alineación con el ordenamiento simplificado. Para las entidades del sector, la medida reduce el riesgo de impugnaciones administrativas por discrepancias de interpretación. Para los tomadores y beneficiarios, el marco homogeneizado aporta transparencia sobre el alcance de las prestaciones, agilizando la respuesta técnica ante la ocurrencia del evento cubierto.
Sin embargo, la adecuación reglamentaria de la SSN resuelve únicamente el frente regulatorio, dejando intactos los complejos retos técnicos y financieros que condicionan el desarrollo del ramo de salud en el país:
Delimitación conceptual frente al sistema de medicina prepaga: Uno de los principales focos de conflicto comercial y legal radica en la confusión del consumidor entre las pólizas de seguro de salud (de carácter indemnizatorio o de prestación cerrada) y los planes de cobertura médica integral regidos por la Ley de Medicina Prepaga. La falta de delimitación precisa genera falsas expectativas en los asegurados, derivando recurrentemente en amparos judiciales que pretenden equiparar el seguro de salud con el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Impacto de la inflación médica sobre la suficiencia tarifaria: El costo de las prestaciones, la tecnología médica y los insumos farmacológicos crece a tasas sensiblemente superiores al índice general de precios. Esta severidad cambiante dificulta el cálculo actuarial de las primas a mediano plazo, exigiendo esquemas de reajuste dinámicos que no siempre resultan viables en términos de retención de cartera.
Sostenibilidad técnica ante la judicialización creciente: La convergencia entre normas del derecho de seguros y la legislación general de salud expone a las compañías a fallos judiciales contradictorios que alteran las ecuaciones de reserva y capitales mínimos. Disponer de un texto normativo claro por parte de la SSN constituye un paso necesario para mitigar la arbitrariedad en los tribunales, aunque requiere complementarse con una jurisprudencia acorde a la naturaleza contractual del seguro.
