Límites de cobertura en el seguro automotor: la brecha entre la norma técnica y la responsabilidad patrimonial

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la Resolución SSN N° 480/2026, disponiendo la actualización de las sumas aseguradas, los gastos de la Obligación Legal Autónoma (OLA) y los esquemas de franquicias para los seguros de Responsabilidad Civil (RC) de vehículos particulares, comerciales y transporte de pasajeros, con vigencia para las pólizas emitidas y/o renovadas a partir del 1° de enero de 2027.

Aunque la autoridad de control busca dotar de previsibilidad al mercado mediante un esquema de ajuste anual programado, la norma reactiva un histórico dilema normativo y financiero: ¿hasta qué punto los topes regulatorios protegen el patrimonio del asegurado o terminan trasladando el riesgo residual a las partes ante siniestros de gravedad?

1. El nuevo cuadro tarifario: evolución de los límites y franquicias

Para dimensionar el ajuste dispuesto por el organismo regulador, la siguiente tabla compara los montos vigentes durante 2026 (fijados por la Res. SSN 589/2025) con los valores que regirán a partir de 2027:

El incremento nominal promedio bordea el 30%. Sin embargo, al cruzar esta cifra con la evolución de los costos de prestaciones médicas —cuya variación anual en insumos y equipamiento médico privado suele superar los índices generales— y la actualización de los valores JUS en el ámbito tribunalicio, el desfase real se torna manifiesto.

2. Infraseguro sobrevenido y el riesgo sobre el patrimonio personal

El seguro de responsabilidad civil persigue un doble fin socioeconómico: resguardar el patrimonio del eventual responsable del daño y garantizar la reparación a la víctima. No obstante, la rigidez de las sumas fijas genera un fenómeno recurrente: el infraseguro sobrevenido.

• Poder adquisitivo vs. Duración del proceso: Un litigio judicial por incapacidad o fallecimiento tramita habitualmente entre 4 y 6 años. Mientras las sentencias fijan montos resarcitorios a valores corrientes del momento del fallo (aplicando tasas activas de fuero civil o valores JUS actualizados), la suma asegurada nominal comprometida al momento del hecho permanece congelada. Por ejemplo, una condena liquidada en $450 millones al momento del fallo frente a un seguro contratado con el tope mínimo de $270 millones genera una brecha descubierta de $180 millones.

• Responsabilidad patrimonial directa: En virtud del artículo 110 de la Ley de Seguros N° 17.418, la aseguradora responde únicamente hasta el límite asignado en el contrato. Toda diferencia excedente debe ser satisfecha en forma directa con los bienes presentes y futuros del asegurado o titular civilmente responsable.

3. Debate doctrinal y tensión en la jurisprudencia

La relación entre los límites fijados por la SSN y la pretensión de resarcimiento pleno de las víctimas constituye un terreno de marcada contienda judicial.

La doctrina de la CSJN (Cuello y Flores)

La jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) —asentada en el precedente "Cuello c/ Lucena" (2007) y ratificada en "Flores c/ Giménez" (2017)— establece la oponibilidad absoluta de los límites contractuales y de las franquicias a los terceros damnificados.

El Máximo Tribunal argumenta que la cobertura no puede extenderse judicialmente por encima de lo estipulado normativamente sin vulnerar la ecuación técnica de primas y la constitución de la reserva de cobertura previstos en la Ley 20.091.

La postura de las Cámaras de fuero y el laberinto procesal

A pesar del estándar fijado por la CSJN, diversos tribunales de fuero (Cámaras Nacionales en lo Civil y juzgados provinciales) continúan declarando la inoponibilidad de los topes de cobertura cuando la suma resulta irrisoria frente al daño sufrido, amparándose en el principio de reparación plena (art. 1740 del Código Civil y Comercial).

Esta divergencia obliga a las aseguradoras a recurrir sistemáticamente por vía del recurso extraordinario ante la CSJN para hacer valer la doctrina Flores. Este trayecto procesal adiciona entre dos y cuatro años de litigación, acumula intereses punitorios e incrementa la incertidumbre sobre la liquidación definitiva de los siniestros. Asimismo, la alteración judicial de los topes impacta de lleno en la constitución de la reserva para siniestros pendientes (art. 33 de la Ley 20.091), descalibrando las proyecciones actuariales y las reservas técnicas de las compañías.

4. Franquicias y desactualización de la Obligación Legal Autónoma

El esquema de franquicias y coberturas primarias presenta dos problemáticas críticas en su aplicación práctica:

1. Deductivos e insolvencia del asegurado: Las franquicias obligatorias aplicadas al transporte público operan como una reducción del costo de la prima, pero trasladan el primer tramo económico del daño al propietario de la unidad. En supuestos donde la empresa de transporte entra en concurso o resulta insolvente, la víctima queda privada de cobrar ese tramo resarcitorio.

2. Límites de la Obligación Legal Autónoma (OLA): La Resolución 480/2026 actualiza los gastos sanatoriales a $1.200.000 y los de sepelio a $700.000 por persona. Diseñada como una cobertura de acreditación rápida (abono en un plazo máximo de 5 días sin discutir la responsabilidad del siniestro), sus valores resultan insuficientes para cubrir internaciones de alta complejidad o intervenciones quirúrgicas de urgencia en el sistema de salud privado actual.

5. El rol del mercado y la gestión del riesgo

Desde la óptica de las cámaras aseguradoras, la fijación anual de topes brinda reglas estables para el cálculo actuarial. Sin embargo, impone nuevos desafíos operativos para intermediarios y asegurados:

• Pólizas con sumas ampliadas y reaseguro: La reglamentación habilita a las aseguradoras a solicitar autorización para emitir pólizas con límites superiores a los mínimos legales. No obstante, la capacidad de las compañías de tamaño mediano o pequeño para ofrecer sumas ampliadas depende directamente de su estructura de reaseguro y de sus contratos de retención de riesgo facultativo.

• Asesoramiento profesional del PAS: Para los Productores Asesores de Seguros, la actualización de montos exige informar con precisión que la contratación de los mínimos obligatorios no constituye un blindaje patrimonial absoluto. Evaluar el perfil de riesgo y recomendar el incremento voluntario de las sumas aseguradas resulta fundamental para atenuar la exposición patrimonial del cliente ante eventos de gran severidad.