Finanzas sostenibles
Agricultura y Bioeconomía 04 de agosto de 2023 RN
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo a la República Argentina de US$100 millones para mejorar la productividad y la comercialización de su producción agroindustrial con enfoque de adaptación al cambio climático. Se espera que los resultados contribuyan al desarrollo territorial y al arraigo rural en las zonas de intervención.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales V permitirá incrementar la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura rural pública en relación con irrigación, electrificación, conectividad digital, caminos, manejo de fuego y comercialización. La operación también contribuirá a fortalecer las capacidades de almacenamiento de material genético vegetal y animal en el banco de germoplasma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El préstamo favorecerá la adopción de tecnologías que fomenten la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la rentabilidad económica por parte del pequeño y mediano productor agropecuarios y de mipymes agroindustriales.
El papel del sector agroalimentario es crítico para Argentina por su contribución a la seguridad alimentaria y por ser un sector económico competitivo en un contexto macroeconómico frágil. El sector, que representa el 9,1% del Producto Interior Bruto (PIB), enfrenta importantes desafíos y su crecimiento se ha estancado en los últimos años. Existen aún brechas significativas de productividad entre las distintas provincias del país. La agricultura, ganadería y cambio de uso de suelo son el segundo mayor sector emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en el país.
Se espera que este programa beneficie de forma directa a casi 25.000 productores y usuarios rurales, mipymes agroindustriales, asociaciones y cooperativas de productores rurales.
El Programa contará también con un cofinanciamiento de EUR 150,000,000 del Banco Europeo de Inversiones y de contrapartida local de US$ 65,000,000.
El préstamo del BID tiene un periodo de amortización de 25 años y un periodo de gracia de 5,5 años.
La decisión se tomó a partir de la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación y alcances del déficit hídrico en las zonas productivas del norte provincial.
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