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En una coyuntura donde el gobierno nacional avanza decididamente hacia la eliminación de tributos y la reducción del gasto, dibujando un panorama fiscal que para muchas administraciones subnacionales se tiñe de negro, surge una discusión postergada pero urgente: la actualización de las valuaciones fiscales de las propiedades. Mientras la motosierra pasa por los fondos discrecionales y la coparticipación se vuelve el único salvavidas, las provincias y los municipios del interior se enfrentan a la paradoja de administrar pobreza sentados sobre una mina de oro tributaria que, por costo político, deciden no explotar. La necesidad de un revalúo inmobiliario integral no es solo una cuestión de caja, sino un imperativo de justicia distributiva y supervivencia institucional.
La distorsión es tan flagrante que roza el absurdo. En vastas zonas del interior del país, existen provincias donde las propiedades tributan sobre una base imponible que apenas representa el 20% de su valor real de mercado. Esta brecha abismal entre la realidad económica y la ficción fiscal genera un sistema profundamente regresivo donde propietarios de inmuebles suntuosos o grandes extensiones productivas abonan sumas irrisorias en concepto de Impuesto Inmobiliario. Esta desactualización no es inocua; erosiona la base de la autonomía financiera local y perpetúa la dependencia de los giros nacionales que hoy están en extinción. Mantener valuaciones de hace décadas en una economía inflacionaria no es una política de alivio al contribuyente, sino una renuncia a la potestad estatal de financiarse genuinamente.
El impacto de esta negligencia administrativa tiene un efecto dominó que llega hasta la estructura tributaria nacional, específicamente en lo que respecta a Bienes Personales. Dado que la base imponible de este impuesto está intrínsecamente ligada a la valuación fiscal provincial, la subvaluación local funciona como un escudo fiscal para los patrimonios más altos. Al no actualizar los valores de la tierra y las mejoras, los gobiernos provinciales no solo se desfinancian a sí mismos, sino que debilitan la recaudación de un tributo nacional que es coparticipable. En un momento donde cada peso cuenta, permitir que los grandes patrimonios se licúen contablemente es un lujo que el Estado, en ninguno de sus niveles, puede permitirse. Un revalúo serio fortalecería los ingresos por Bienes Personales, inyectando recursos frescos al sistema sin necesidad de crear nuevos impuestos, sino simplemente cobrando lo que corresponde sobre los existentes.
Sin embargo, el drama más tangible se vive en el primer mostrador de la democracia: el municipio. La situación actual hace prácticamente imposible que los gobiernos locales puedan prestar y gestionar servicios reales y de calidad. El alumbrado, el barrido, la limpieza, el mantenimiento de la red vial urbana y la asistencia social primaria dependen de una recaudación que hoy es ficticia. Cuando un municipio cobra tasas basadas en valuaciones fiscales irrisorias, su capacidad de respuesta se ve aniquilada. No se puede gestionar una ciudad con costos de 2024 e ingresos calculados sobre valores de hace diez o quince años. La falta de actualización condena a las intendencias a ser meras pagadoras de sueldos, inhabilitadas para realizar obras de infraestructura o mejorar la calidad de vida de sus vecinos, transformando la autonomía municipal en una mera formalidad legal sin sustento económico.
Es evidente que la resistencia a realizar estos ajustes es fundamentalmente política. Aumentar la base imponible suele ser impopular y los gobernadores e intendentes temen el rechazo del electorado, especialmente en un clima de recesión. No obstante, la alternativa es el colapso de los servicios básicos y la inviabilidad operativa de las administraciones locales. La responsabilidad de gobernar implica tomar decisiones difíciles pero necesarias para garantizar el bien común. En un contexto de retirada del Estado nacional en la financiación de la obra pública y los subsidios, el fortalecimiento de los ingresos propios a través del revalúo inmobiliario es la única vía para recuperar la soberanía fiscal. Es hora de que las provincias y municipios asuman el costo político de sincerar la economía, porque la alternativa es la insolvencia y el abandono de sus funciones esenciales frente a la ciudadanía.
