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Argentina: Se realizó el Consejo Federal de la Agencia Federal de Emergencia

La ministra de Seguridad de Nacional, Patricia Bullrich, junto al director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencia (AFE), Santiago Hardie, y el subdirector ejecutivo, Ignacio Cabello, encabezaron días atrás el primer Consejo Federal desde la creación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). En el evento se creó el Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo y el Consejo Federal de Manejo del Fuego.
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Participaron autoridades provinciales de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
También Autoridades de las Fuerzas de Seguridad, del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y representantes de organizaciones científico técnicos, entre otras autoridades.

El Consejo Federal de la AFE permite fortalecer la coordinación en prevención, respuesta y reconstrucción junto a las provincias.

Este encuentro se dio en coincidencia con la Capacitación de PNUD: Taller de Trabajo sobre Financiamiento del Riesgo de Desastres.


La AFE nace con la misión de unificar la respuesta estatal frente a grandes desastres como los incendios e inundaciones, y coordina tanto la asistencia directa como el despliegue de recursos humanos y materiales en todas las fases de gestión del riesgo junto a las provincias para cuidar la vida, los bienes y el entorno de los argentinos.


También participaron por el Ministerio de Seguridad Nacional: los directores nacionales del SINAGIR, Matías Mink, de Bomberos Voluntarios, Fernando Molas, de Operaciones y Logística, Martín Guerra, y de Prevención, Jorge Heider.

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RN

La gestión de riesgos químicos en la industria petroquímica no admite recetas abstractas ni voluntarismo institucional. Proteger los corredores industriales y las comunidades exige blindar jurídicamente los consorcios público-privados frente a la litigiosidad, garantizar auditorías técnicas independientes que fortalezcan el control estatal, alinear los incentivos con el mercado asegurador y reconocer la profunda asimetría territorial entre los polos históricos y las nuevas cuencas de expansión.