Las empresas mineras se enfrentan a un conjunto cambiante de riesgos y oportunidades relacionados a las alteraciones climáticas

Si bien la contribución del sector minero es incontrovertible, existen riesgos significativos relacionados con el cambio climático para el sector, incluidos riesgos físicos, de transición y legales y regulatorios.

El sector minero es vulnerable a los efectos físicos del cambio climático, tanto directamente como a través de su cadena de suministro. Muchas minas se ubican en entornos físicos remotos y de difícil acceso. Los efectos del cambio climático, incluyendo la alteración de las condiciones climáticas, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de recursos críticos como el agua, pueden agravar las dificultades en los yacimientos remotos. La infraestructura minera también está en riesgo, lo que puede afectar las operaciones e incrementar los riesgos ambientales y de seguridad y salud ocupacional. El transporte, fundamental para la minería —ya que permite el acceso de trabajadores, equipos y suministros, así como la comercialización de los minerales—, también se encuentra en riesgo. Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar dañan carreteras, puertos y otras infraestructuras de transporte críticas, e impactan la capacidad de transportar personas, suministros y mercancías de forma segura. En Argentina, por ejemplo, la degradación y la menor fiabilidad de las rutas de ripio afectan el acceso a los yacimientos del norte argentino. En otras partes del mundo, el aumento de las temperaturas provoca el agrietamiento de las vías férreas y el deshielo de las carreteras, además de dificultar la capacidad de los empleados para trabajar en esas condiciones.

El sector también se enfrenta a riesgos de transición. A nivel mundial, se están produciendo transiciones rápidas y profundas en todos los sectores para avanzar hacia economías bajas en carbono. Los riesgos de transición abarcan toda la cadena de valor minera, tales como: la evolución de las actitudes políticas, sociales y de los consumidores hacia las industrias y productos con altas emisiones de GEI y contaminantes; la evolución de las expectativas de las comunidades, los accionistas, los financiadores y otros actores clave; la modificación de los marcos regulatorios y legales; el aumento de los riesgos políticos (por ejemplo, la nacionalización de recursos y las tensiones comerciales); las preocupaciones de seguridad regional; la evolución de los mercados globales y la competencia; y la fluctuación de los precios de las materias primas.

El sector también está expuesto a litigios e investigaciones relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad. Las operaciones mineras consumen muchos recursos, contribuyen a la contaminación y la degradación ambiental, y son una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. El informe Perspectivas de los Recursos Mundiales 2019 del PNUMA reveló que la extracción y el procesamiento de recursos contribuyen a aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales de GEI, y que el 90 % del estrés hídrico y la pérdida de biodiversidad global son causados ​​por estas actividades. Esto convierte al sector en blanco de activismo climático, litigios y medidas regulatorias. Estos casos pueden tener graves consecuencias para la reputación, las finanzas y las operaciones.

El abanico de disputas relacionadas con el clima es enorme. Las cuestiones legales abarcan numerosos ámbitos del derecho y diversas causas de acción, e involucran a una variedad de demandantes y demandados de múltiples sectores. El panorama de riesgos se encuentra en constante cambio, mientras gobiernos, organismos reguladores y el poder judicial buscan la manera de abordar estas complejas cuestiones. Sin embargo, una tendencia es clara: a nivel mundial, los casos relacionados con el clima están en aumento.

Se han presentado demandas contra empresas (y sus directivos) para obtener una indemnización por los daños derivados de los efectos del cambio climático. Las empresas de petróleo y gas han sido los principales objetivos, pero el panorama de riesgos está evolucionando, con demandas, tanto amenazadas como presentadas, contra empresas de otros sectores con altas emisiones de gases de efecto invernadero, así como contra quienes las financian.

Los gobiernos locales y provinciales también han sido objeto de demandas que buscan obligarlos a tomar medidas respecto a las políticas climáticas existentes o a crear políticas nuevas o mejores. Estas demandas tienen un efecto dominó en las empresas, ya que las regulaciones nuevas o modificadas pueden aumentar los costos de cumplimiento, y las demandas exitosas contra los gobiernos pueden generar demandas similares contra las empresas.

Sin embargo, la mayoría de las disputas relacionadas con el clima se dan en los trámites rutinarios de licencias, permisos y otros asuntos vinculados a la obtención de aprobaciones para proyectos. En las últimas dos décadas se ha producido una revolución silenciosa, en la que ahora es común que los responsables de la toma de decisiones planteen y consideren argumentos y evidencia científica relacionados con el cambio climático. Las aprobaciones también pueden demorarse mientras las agencias gubernamentales realizan análisis adicionales para mitigar su propio riesgo de litigio.

Las empresas también se han enfrentado a demandas relacionadas con la información sobre riesgos climáticos, así como a diversas acusaciones de "lavado verde" por declaraciones supuestamente inexactas o engañosas sobre las credenciales de sostenibilidad de un servicio, producto o empresa en particular.

Además, las disputas contractuales relacionadas con el clima surgen de diversas maneras; por ejemplo, disputas derivadas de proyectos de transición energética o de resiliencia, o interrupciones comerciales causadas por fenómenos meteorológicos relacionados con el clima.

Los cambios legales y regulatorios también pueden generar controversias. Los gobiernos locales de todo el mundo están tomando medidas para responder al cambio climático e impulsar la transición energética. Algunos podrían, además, promover agendas de nacionalismo de recursos o buscar una mayor participación en los proyectos. Entre los riesgos específicos para el sector se incluyen las modificaciones a los aranceles, los regímenes de regalías o impuestos, y las restricciones o los gravámenes impuestos a ciertos materiales. La acción gubernamental puede afectar la rentabilidad o incluso la viabilidad de los acuerdos de minería comercial, y cuando esto sucede, se producen controversias de importancia estratégica.

En consecuencia, el Programa City Risk-70 en el marco de la articulación público privada ofrece a los Gobiernos Locales de Argentina y la región la posibilidad de abordar un programa de gestión integral de riesgos hidrometeorológicos para regiones mineras donde se iran trabajando por una serie de etapas que abarca la Identificación y valoración del Riesgo, la reducción del riesgo, la protección financiera, los preparativos y respuesta a desastres  y finalmente la recuperación por desastres. 

El foco del programa esta centrado en la preservación de la infraestructura crítica y el fortaleciemiento de las cadenas de sumunistro.

Por su parte, Peter Sundheimer, titular del programa explicó la necesidad de que los Gobiernos Locales junto al sector privado conformen consejos consultivos empresariales de gestión de riesgo a nivel local, donde se trabaje en la identificación y priorización de proyectos de infraestructura que consideren necesario fortalecer.